Algunas asociaciones de automovilistas de España se han pronunciado en contra del pago por el uso de las autoví­as. La medida, confirmada recientemente por las autoridades españolas, podrí­a representar un gasto de unos dos mil euros anuales a cada conductor. Este cálculo fue comentado por el portavoz de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo. La organización es una de las más firmes opositoras a la medida. Si bien las autoridades confirmaron recientemente que preparan la puesta en marcha de un modelo de pago en las autoví­as, la idea está en el tapete desde hace cosa de una década. Precisamente, la AEA se opone a la misma desde que empezó a promoverse hace diez años. 

Pago por el uso de las autoví­as

Para realizar el cálculo de lo que los conductores podrí­an pagar por el uso de las autoví­as, la AEA se basó en un documento de 2012. En dicho documento, firmado por la Asociación Española de la Carretera, se establecen ciertas bases para la implantación del sistema de pago. De esta manera, los conductores deberán pagar por el uso de la red de carreteras del paí­s una tarifa que oscilaba entre dos y doce céntimos de euro por cada kilómetro. Este cálculo se realizarí­a de acuerdo a la eficiencia ambiental de los vehí­culos. 

Con ese dato y tomando como base un uso de unos quince mil kilómetros anuales, el gasto medio de cada conductor estarí­a ubicado en unos mil 800 euros anuales, recuerdan desde la AEA.

A su vez, Arnaldo recordó que el gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre los costos que tendrá el sistema que pretenden implementar en las autoví­as.  Asimismo, comentó que una tarifa simbólica de uno o dos céntimos por kilómetro reducirí­a el desembolso entre 150 y 300 euros al año. Esto siempre considerando que la referencia de las distancias promedio recorridas rondan los quince mil kilómetros anuales. 

En contrapartida, la AEA defiende que se debe establecer por ley una inversión anual en el mantenimiento de la red viaria. Estos recursos, a juicio de Arnaldo, deberí­an representar al menos el 2% del PIB.