transporte

El Parlamento actualmente está tramitando el proyecto de ley de Unidad de Mercado, un proyecto de ley que de aplicarse pude resultar muy negativo para el sector del tranporte por carretera.

Según ha advertido la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido que la aplicación del proyecto de ley de Unidad de Mercado puede suponer la desordenación absoluta del sector de transporte por carretera, por lo que le ha hecho llegar a los diferentes grupos polí­ticos su preocupación y rechazo por las consecuencias tan negativas que el proyecto de ley de Unidad de Mercado y piden que el sector del transporte por carretera quede excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Unidad de Mercado, ya que su aprobación quebrarí­a precisamente la actual unidad de mercado nacional que rige en el transporte por carretera.

Según explican desde la Federación, dada la movilidad empresarial intrí­nseca que implica el ejercicio de la actividad del transporte, la actual Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres regula el sector del transporte de forma unitaria para toda la geografí­a nacional, estableciéndose idénticos requisitos para acceder al ejercicio de la actividad con independencia de cuál sea el lugar de residencia o establecimiento de la empresa que pretende desarrollar dicha actividad.

En consecuencia, si bien para otros sectores económicos los principios que inspira la Ley de Unidad de Mercado pueden tener un efecto positivo en la desaparición de las actuales barreras o trabas que tienen establecidas algunas Comunidades Autónomas, posibilitando que una empresa radicada en una Comunidad Autónoma pueda desarrollar su actividad en el resto del territorio nacional, sin embargo en el sector del transporte por carretera el efecto que se conseguirí­a serí­a precisamente el contrario, esto es, una desordenación absoluta del sector y una competencia desleal entre las empresas transportistas, al posibilitar dicho proyecto de ley que cualquier Comunidad Autónoma pudiera unilateralmente suprimir los requisitos establecidos por la legislación estatal de transporte para las empresas transportistas residenciadas en dicha región, las cuales competirí­an con las de las restantes Comunidades Autónomas en condiciones más ventajosas.