A través de los fondos europeos, Barcelona ampliará y desplegará zonas de bajas emisiones, en consonancia con las leyes a favor de parar el cambio climático y por la transición energética. Dichas leyes obligan a los municipios de más de 50 mil habitantes a implementar espacios donde los coches más contaminantes no puedan circular. Aunque la medida está prevista para ser lograda en 2024, los fondos europeos podrán ayudar a desplegar esta meta antes de la fecha en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Por ejemplo, ciudades con El Prat de Llobregar, Viladecans, Sant Boi y Castelldefels son algunas de las ciudades que deben implementar zonas de bajas emisiones. De esta manera, podrán desplegarlas al menos un año antes gracias al apoyo económico que representan los fondos europeos. Dichos recursos pueden destinarse al uso de polí­ticas de movilidad sostenible, tal como estas zonas. 

Instalación de zonas de bajas emisiones

Para poner en marcha las zonas de bajas emisiones, los ayuntamientos metropolitanos de Barcelona aspiran a captar unos 8.5 millones de euros. Con estos recursos, pretenden instalar la señalización, los sistemas de cámaras de control y acceso y los servidores y programas destinados a la base de datos. 

Los fondos también serán utilizados para reforzar los sistemas que existen en las ciudades. Y también servirán para ampliar las zonas que ya tienen resultados parciales en torno a las nuevas polí­ticas. 

De acuerdo con el vicepresidente de Movilidad del AMB, Antoni Poveda, el futuro próximo será complicado para movilizarse en la primera corona metropolitana con un coche contaminante. Comentó que cuando todas las zonas de bajas emisiones estén en marcha, será muy complicada la movilidad en dichas zonas. 

Por otra parte, cabe destacar que el AMB aspira a hacerse con una partida de 33.7 millones de euros para la adquisición de 162 autobuses 100% eléctricos. De lograrse la solicitud, se reemplazarán las unidades más viejas y contaminantes del transporte público. 

En total, la aspiración es captar unos 230 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, destinados a mejorar la movilidad metropolitana. De resultar positiva la gestión, la cifra representará casi la cuarta parte de los mil millones de euros que el Ministerio de Transporte tiene previsto repartir entre las administraciones locales y áreas metropolitanas.