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Los impagos están poniendo en situaciones extremas a muchas empresas dedicadas al transporte por carretera, por eso las empresas del sector han recibido con los abrazos abiertos los cambios del nuevo régimen sancionador, que impone multas de hasta 900.000 euros para las empresas que incumplan la legislación sobre plazos máximos de pago.

Actualmente el índice de morosidad en España es muy elevado por lo que se hacían necesarias medidas encaminadas a reducir los impagos de las empresas que incumplen la legislación vigente en materia de plazos máximos de pago en las relaciones con sus proveedores.

Para hacernos una idea de la morosidad en el sector del transporte por carretera, según los resultados obtenidos en el Observatorio permanente de morosidad de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, en el mes de diciembre los plazos de pago se situaron en 85 días de media, incumpliendo la Ley de morosidad un 71% de los clientes de los transportistas.

El nuevo régimen sancionador, dirigido tanto a las empresas como a las entidades públicas que incurran en algunas de las infracciones previstas en dicha proposición de ley, establece multas económicas que van desde los 6000 euros para las infracciones leves (por ejemplo, pagar a 80 días) hasta los 900.000 euros para las infracciones muy graves (por ejemplo, incumplir sistemáticamente los plazos de pago en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas o prevaliéndose de su situación de dependencia económica).