La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha cifrado en unos 500 millones de euros la cantidad que el Estado debe devolver a las empresas del sector por lo que considera que son «cotizaciones indebidas» a la Seguridad Social.

Fenadismer reitera en una nota que solicitará al nuevo Gobierno que revoque la «brutal» subida de las cotizaciones sociales de los conductores profesionales, aprobada el pasado mes de octubre, por considerarla «discriminatoria frente a los restantes sectores económicos».

Ante la brutal e injustificada subida de las cotizaciones sociales de los conductores profesionales de vehículos de transporte pesado, aprobada el pasado mes de Octubre en el Parlamento a iniciativa del anterior Gobierno, y que ha supuesto un incremento de más de un 80% en las cuotas que tienen que abonar las empresas transportistas a la Seguridad Social, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha acordado solicitar al nuevo Gobierno que se constituya la inmediata revocación de dicha subida, por resultar además absolutamente discriminatoria frente a los restantes sectores económicos.

La Asociación también ha puesto en marcha el procedimiento colectivo de solicitud de devolución para los transportistas de las cotizaciones sociales indebidamente ingresadas los últimos 4 años.

Según Fenadismer, esta subida «fue aprobada por el Gobierno el pasado mes de octubre, de manera absolutamente clandestina, para tratar de anular el impacto económico que para la Tesorería General de la Seguridad Social iba a suponer la aplicación de la doctrina de la Audiencia Nacional en la materia, que reconoció el derecho a las empresas transportistas a cotizar por sus conductores asalariados como el resto de empresas de otros sectores económicos, esto es, calculando su cotización en base a su CNAE de actividad, y no por la ocupación laboral del trabajador contratado.»

Por ello, la subida aprobada es a juicio de FENADISMER absolutamente injusta, ya que carece de fundamento jurídico alguno desde el punto de vista de siniestralidad laboral. Además sorprende el hecho de que dicha modificación legal se introdujo por parte del Gobierno mediante una enmienda introducida a última hora en el Senado a la Ley de Presupuestos del Estado para 2016, sin ser sometido a consulta o comunicación previa a las asociaciones de transportistas, pese a la fuerte repercusión económica que tal modificación va a suponer para las empresas del sector.

Teniendo en cuenta que según datos del INEM la contratación anual de conductores asalariados de camión ha sido de 167.000 en 2012, 184.000 en 2013, 209.000 en 2014 y previsiblemente una cifra superior en 2015, el volumen total a reclamar en concepto de devolución por cotizaciones indebidas por parte de las empresas transportistas a la Seguridad Social rondará los 500 millones de euros.